Más de diez años de Responsabilidad Social Empresarial. ¿Para cuándo su regulación jurídica y el establecimiento de incentivos fiscales?

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) has become a business value in the last years. There is a settled idea that business, to generate profits, in addition to taking appropriate decisions, must behave ethically. This fact turns out to be even more important in the setting of the current economic crisis. RSE becomes now more necessary than ever.In accordance with public interests in game, it is necessary that public politics enhance RSE. One of the issues that is today on debate is about how convenience is to establish some fiscal incentives for socially responsible companies.This is an important matter, and its setting should be addressed once the legal framework for this responsibility is previously regulated. Some other important aspects such as its concept or profiles, or a new design for a public accreditation model of RSE must be also taken into account. It would not make too much sense to establish a tax incentive to RSE without previously defining its contento Moreover, there should be an organization that, in one hand, could be responsible for CRS, and on the other hand, could certify its fulfillment by the companies. After this regulation was reached we believe that legislature could establish some tax incentives.In the present article, we try to analyze the possible tax incentives to RSE, also bearing in mind its relevance to European Uníon law, ín particular its relevance to the limitations contained in article 87 of the European Community Treaty. For study in depth this issue, we have observed that RSE encompasses many facets that imply the commitment of companies to social welfare: 1) Business investment in research and development, 2) Environmental protection, 3) Employment and vocational training, etc. In all these cases, European Commission has stated that tax incentives for socially responsible investments are compatible with single market (with some requirements).; La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en un valor empresarial en los últimos años. Se ha afianzado la idea de que las empresas, para generar beneficio, además de tomar decisiones adecuadas, deben comportarse de forma ética. Esta idea se manifiesta con mayor intensidad ante la actual crisis económica. La RSE se hace ahora más necesaria que nunca.De acuerdo con los intereses públicos en juego, es necesario que existan políticas públicas de incentivos a favor de la RSE. Uno de los temas que más dudas suscita en el debate sobre la RSE es la posibilidad de establecer incentivos fiscales a favor de las empresas socialmente responsables. Se trata de una cuestión importante cuyo establecimiento debería abordarse una vez que se regulara de forma previa el marco legal de dicha responsabilidad que se aclaran algunos aspectos importantes como su concepto o sus perfiles; y que se diseñara un modelo público de acreditación de la RSE. No tendría mucho sentido establecer un incentivo fiscal a la RSE sin definir, previamente, su contenido. Igualmente, debería existir una institución encargada de velar por la RSE y de certificar su cumplimiento por parte de las empresas.Una vez abordada y culminada la tarea de regular el marco legal de la RSE creemos que el legislador fiscal podría establecer incentivos fiscales en los diferentes impuestos estatales, autonómicos y locales que en la actualidad recaen sobre la empresa.En el artículo que se presenta tratamos de analizar los posibles incentivos fiscales a la RSE teniendo en cuenta también su adecuación al Derecho Comunitario, en particular su adecuación al límite contenido en el artículo 87 del Tratado de la Comunidad Europea. Para profundizar sobre esta cuestión, hemos observado que la RSE aglutina diversas facetas que concretan el compromiso de las empresas con el bienestar social; 1) Inversiones empresariales en investigación y desarrollo, 2) Inversiones en protección del medio ambiente, 3) Empleo y formación profesional, etc. En todos estos casos, la Comisión Europea ha declarado que los incentivos fiscales a favor de estas inversiones socialmente responsables son compatibles con el mercado común.