El concepto legal de economía social y la empresa social

Abstract

The recent Law no. 5/2011 regarding Social Economy, following the Recommendation of the European Parliament of February 19th 2009, defines social economy for the first time in our law. Up until now, the European institutions had offered no concept of social economy but only the aims and main characteristics (principies) of social economy entities. The law devotes four articles to identifying what is to be understood by social economy. Despite the commendable effort the norm gives rise to certain doubts and gaps for which a solution needs to be found.Thus, social economy, rather than a "set of activities" is a "business model" which aims to serve its partners, general interest or both. Voluntary, open adherence is a principie which, in spite of its omission, is present by law in all mutual type entities. Entities that pursue aims of general interest must apply their results to "purposes of a social nature" rather than to "the entity's social purpose". Unfortunately, the law has not considered the same principies of social economy adopted by the entities themselves and by the European institutions.Social economy entities are characterized, in some cases, by a legal form and, in others, by their administrative qualification. The law provides for the possibility of extending social economy entities on considering the incorporation of new categories and of singular entities in the Catalogue of social economy entities. This catalogue (which is not of a substantive nature) must fulfil the function of con trol, which guarantees that the entities contained in it comply with the ends and principies that identify social economy.Social entities, which form part of the social economy according to the European Parliamentary Resolution of 2011 could be included in the catalogue of social economy entities if our legislator finally opted to acknowledge it, as called for by the Commission.; La reciente Ley 5/2011 de Economía Social, siguiendo la Recomendación del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2009, define por primera vez en nuestro derecho la economía social. Hasta el momento las instituciones europeas no habían ofrecido un concepto de economía social, sino sólo los fines y principales caracte rísticas (principios) de las entidades de la economía social. La Ley dedica cuatro artículos a identificar qué debe entenderse por economía social. No obstante el meritorio esfuerzo, la norma plantea ciertas dudas y lagunas que deberían ser resueltas. Así, la economía social, más que un "conjunto de actividades" es un "modelo de empresa" que tiene como fin el interés de servicio a sus socios, el interés general, o ambos. La adhesión voluntaria y abierta es un principio que pese a su omisión, está presente por imperativo legal en todas las entidades de finalidad mutualista. Las entidades de persiguen fines de interés general, deben aplicar sus resultados más que "al fin social objeto de la entidad", a "fines de carácter social". Es lamentable que la ley no hay recogido los mismos principios de la economía social adoptados por las propias entidades y por las instituciones europeas.Las entidades de la economía social se caracterizan, en unos casos, por su forma jurídica y en otros, por su calificación administrativa. La Ley deja abierta la posibilidad de ampliar las entidades de la economía social, al contemplar la incorporación de nuevas categorías y de entidades singulares en el Catálogo de entidades de economía social. Este catálogo (no constitutivo) debe cumplir una función de control que garantice que las entidades que alberga cumplen los fines y principios identificativos de la economía social.Las empresas sociales, que integran la economía social según la Resolución del Parlamento europeo de 2009, y que han sido definidas por la Comisión Europea en la Comunicación de 2011, podrían integrarse en el catálogo de entidades de economía social si nuestro legislador finalmente, opta por su reconocimiento, como reclama la Comisión.